Ttras el esfuerzo realizado por la Junta de Andalucía, ya se han hecho efectivos a esta altura del mes de junio de 2018 el pago completo de 135 expedientes correspondientes a las indemnizaciones previstas en la Ley 10/2010, relativa a medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
De este modo, al cierre de mayo quedaban pendientes 90 expedientes. Son cifras que merecen total divulgación porque la compleja coyuntura presupuestaria y económica de los últimos tiempos ha obstaculizado el cumplimiento cabal del compromiso indemnizatorio contraído con las víctimas de la región, pero la conjunción de la voluntad política de la Administración y del incansable y perseverante trabajo de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo han constituido un binomio de resultados concretos y favorables para el colectivo.
Es muy importante subrayar también que dicha ley estipula no solo medidas indemnizatorias y económicas, sino un apoyo integral a las víctimas del terrorismo en materia de empleo, viviendas, salud, educación y otros ámbitos, y por tanto, la junta directiva de la AAVT y en particular su presidente, Joaquín Vidal y su gerente, Martina Vidal, sostienen permanentemente encuentros con las consejerías involucradas para lograr el máximo apoyo posible al colectivo de víctimas del terrorismo de la región, en la búsqueda de profundizar aún más la asistencia en esos y otros rubros de la vida cotidiana.
Por otra parte, la ley y las correspondientes instancias administrativas establecen los términos precisos para la admisión de los expedientes y las indemnizaciones, que, en ningún caso, dependen de la responsabilidad, aprobación o decisión de la AAVT, si bien la asociación ha intentado – e intenta permanentemente- encauzar y defender al máximo los intereses de todas sus socios y el bienestar de las víctimas andaluzas.
