Nuestra directora de Comunicación, la periodista y editora Lidia Señarís, nos representó anoche en la presentación en Madrid del libro Sin Justicia. Más de 300 asesinatos de ETA sin resolver, de los autores Florencio Domínguez y María Jiménez, recién publicado por el sello Espasa, de la editorial Planeta y disponible ya en las librerías de todo el país.
Francisca Sauquillo, presidenta de la Sección de Derechos Civiles del Ateneo de Madrid, junto al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska y uno de los autores del libro, el periodista Florencio Domínguez, director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria, fueron los encargados de presentar este interesante texto que, como bien subrayó Sauquillo, tiene el gran mérito de sacar a la luz esos más de 300 casos para construir verdad y reparación moral para las víctimas del terrorismo y demostrar claramente la naturaleza del terrorismo y defender la verdad histórica.
Según afirmó Florencio Domínguez, una vez conocida públicamente desde hace una década la dimensión de este problema de más de 300 asesinatos cometidos por ETA sin resolver, este libro se propone encontrar respuestas y comprender por qué hemos llegado a esa situación.
Para ello, detalló, partieron de tres supuestos básicos: ante la ausencia de una definición objetiva y única del concepto de caso sin resolver, los autores consideraron como tales todos aquellos en los cuales al menos no esté condenado uno de los autores materiales; igualmente, puntualizó, decidieron hacer una explicación diferenciada de los casos anteriores y posteriores a la Ley de Amnistía de 1977, por tratarse de situaciones jurídicas muy diferentes; y por último, subrayó que ―con independencia de los análisis sobre el funcionamiento y los fallos de las instituciones públicas― la responsabilidad principal de los asesinatos, tanto los esclarecidos como los no esclarecidos, es de la organización terrorista que cometió tales delitos.
«Tampoco podemos olvidar ―destacó― que España es el país en el que se ha resuelto un mayor porcentaje de casos terroristas en toda Europa. Si nos comparamos con Irlanda del Norte, por ejemplo, estamos a años luz», lo cual no es óbice para desear que se mejore aún más esa estadística, acotó.
Al resumir los hallazgos de las investigaciones reflejadas en Sin Justicia, Domínguez reveló que en el 43 % de los casos sin resolver no ha sido posible identificar a los autores y tres cuartas partes de dichos crímenes corresponden a los años de plomo, es decir, después de la amnistía de 1977 hasta el final de la década de los 80, en los cuales la actividad terrorista de ETA es muy intensa y con un apoyo social muy significativo que facilita el desarrollo de la actividad terrorista. Igualmente, añadió, la mayor parte de los asesinatos de esa época ocurren en el País Vasco y Navarra.
De este modo, ilustró Domínguez, esa capacidad de intimidación social tan fuerte, generada por un centenar de asesinatos y una potente red de complicidad y apoyo, se traduce en una restricción de cualquier posible colaboración ciudadana con las fuerzas de seguridad y los investigadores, y los testigos no aportan información válida. Tal coyuntura, abundó, se agrava por la cantidad limitada de efectivos dedicados a la lucha antiterrorista en los primeros años de la democracia. Si bien hay mucho voluntarismo y capacidad de sacrificio, señaló, existía gran escasez de medios, recursos materiales, formación, en medio de un acoso intenso de los terroristas a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Por otra parte, el autor remarcó la existencia de un porcentaje muy significativo, cercano al 58 % de los casos no resueltos, en los cuales sí hubo resolución policial, pero no resolución judicial. Es decir, la Policía identificó a los sospechosos de cometer los atentados e informó a través de los atestados al Poder Judicial, pero no se logró una condena. En un buen número de casos (al menos 60), detalló, esto responde a que al menos uno de los autores materiales murió y, por tanto, no pudo ser juzgados y, en otros, debido a la deficiente o nula cooperación internacional con las solicitudes de extradición, fallos en el intercambio de información entre juzgados e incluso por el sistema de garantías legales del que dispone la democracia española.
Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tras repasar y elogiar la trayectoria profesional y el compromiso de los autores, aseveró que la política del Estado respecto de las víctimas del terrorismo se articula en España en torno a tres principios: memoria, verdad y justicia y que «nuestro Estado de Derecho nunca ha dejado de intentar hacer justicia y dar a las víctimas del terrorismo la reparación judicial a la que, sin duda, merecen».
Grande Marlaska aseguró que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil mantienen equipos de investigación enfocados en esos 300 casos sin resolver y seguirán trabajando en ellos. Entre otros datos, mencionó que, desde octubre de 2011, cuando la organización terrorista ETA anunció su disolución, se han desarrollado 21 operaciones policiales contra el entramado de ETA, las cuales conllevaron 243 detenidos y la localización de 46 depósitos de explosivos.
Las instituciones y los poderes públicos no van a cejar nunca en el empeño de proporcionar la justicia que merecen las víctimas de ETA, afirmó el ministro del Interior. Y no lo harán, enfatizó, «porque es un mandato moral de la sociedad española que no olvida la devastación sufrida, ni la deuda que tenemos con las víctimas, porque su asesinato es una ignominia que nos interpela a todos y a todas para siempre».