Acaba de hacerse realidad una de nuestras más reiteradas peticiones a la Administración regional: La Junta de Andalucía ampliará su plan de ayudas educativas para las víctimas del terrorismo al segundo grado de consanguinidad, es decir, abuelos, nietos y hermanos, para adaptar así el universo de beneficiarios inicialmente comprendidos en la ley andaluza de víctimas a una normativa estatal más amplia.
La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, encabezada por Patricia del Pozo Fernández, comunicó directamente a nuestra asociación la ampliación de este programa de ayudas autonómico, que incluye exenciones de tasas y precios públicos en todas las etapas educativas, ayudas a libros de texto, transporte o residencia.
En los últimos años, hemos trabajado intensamente en trasladar a la Administración regional y al Parlamento de Andalucía la necesidad de reformar la Ley 10/2010, relativa a medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobada el 15 de noviembre de 2010, y en particular hemos solicitado la ampliación de los beneficiarios de dicha legislación al segundo grado de consanguinidad, en consonancia con los criterios legales estatalmente establecidos en España.
Justamente este año hemos iniciado otra ronda de exhaustivas reuniones con la Junta de Andalucía, entre otros, con las Consejerías de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y la de Universidad, Investigación e Innovación, y tanto la consejera de Desarrollo Educativo Patricia del Pozo Fernández y la viceconsejera Macarena O’Neill Orueta, como el consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos y el Director General de Cooperación Universitaria, Lorenzo Salas Morera, se mostraron especialmente receptivos y sensibles a las necesidades en materia educativa de las víctimas del terrorismo andaluzas.
El programa de ayudas educativas incluye la exención de tasas académicas y precios públicos por los servicios académicos y expedición de títulos académicos y profesionales en los centros educativos de todos los niveles de enseñanzas, las matrículas de posgrado, las ayudas destinadas a sufragar los gastos de adquisición de libros de textos, servicios de aula matinal, comedor escolar, actividades extraescolares, transporte, y en su caso, residencia fuera del domicilio familiar. Y, por último, los gastos derivados de los servicios de atención socioeducativa y taller de juegos en los centros docentes de primer ciclo de la educación infantil.
Esta ampliación de los beneficiarios de las ayudas educativas en todos los niveles se ha aprobado en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía dentro de un paquete más amplio de modificaciones legislativas, a través de un decreto ley coordinado.
La medida ha sido impulsada por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y cuenta con el informe favorable de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, que tiene las competencias en materia de víctimas del terrorismo, si bien dicho decreto ley deberá ser convalidado por el Parlamento andaluz.
